La vulneración del principio de legalidad - taxatividad en el tipo penal de enriquecimiento ilícito

Abstract

El presente trabajo es de tipo jurídico dogmático el cual determina que la inadecuada tipificación de la estructura del tipo penal de Enriquecimiento Ilícito regulado en el art 401 del Código Penal, vulnera uno de los principales principios del Derecho Penal contemporáneo, esto es el Principio de Legalidad .De ahí, que la actual descripción típica del delito de enriquecimiento ilícito conlleva a una errónea interpretación por parte de los operadores judiciales y a la vez una indefensión respecto a los derechos que les asiste a los agentes delictuosos incursos en este tipo de procesos penales. Las técnicas utilizadas en este trabajo de investigación fueron; libros, artículos académicos, páginas web, recopilación documental, lo que permite tener un soporte doctrinario jurisprudencial moderado sobre el tema materia de investigación. Asimismo al haber investigado con profundidad, los temas secundarios que abordan la presente tesis, a)“La ambigüedad al momento de su consumación”, actualmente la doctrina, al respecto se ha mostrado bastante dudosa; percibiendo que algunos autores manifiestan, que al realizar una lectura de dicho artículo penal, se podría concluir que dicho delito se consuma con la “no justificación” del procesado o servidor público sobre los bienes que adquirió lícitamente, mientras que otra parte de la doctrina expresa que se da con el “acto de enriquecerse”, y del mismo modo sucede con el tema b) “inversión de la carga probatoria” donde algunos autores Peruanos manifiestan que la redacción poco clara y precisa de dicho ilícito penal conlleva a creer que es el procesado quien deba demostrar su inocencia y ya no el Ministerio Publico. Con lo expresado se genera ambigüedad y debilitamiento en el verdadero conocimiento de los derechos que le corresponde a los procesados. Ante ello se consideró la necesidad de modificar dicha norma legal, es así que se recogió en el campo de estudio las opiniones autorizadas y encuestadas, respecto a la necesidad de otorgar un contenido suficiente de tal manera que se garantice su eficacia en el Ordenamiento Jurídico Peruano. Para concluir con las recomendaciones y discusiones efectuadas a partir de las entrevistas y demás instrumentos.