La suspensión de la patria potestad por apertura de proceso penal y la presunción de inocencia

Abstract

La patria potestad es una institución jurídica del derecho de familia que implica derechos y deberes de los padres hacia sus hijos, con la finalidad de lograr su desarrollo integral y su incorporación a la sociedad en las mejores condiciones. Es importante diferenciar entre titularidad y ejercicio de estos derechos pues cuando hablamos de la titularidad de determinado derecho hacemos referencia a la legitimidad y reconocimiento del derecho y en cuanto al ejercicio, es definida como la posibilidad fáctica de obrar el derecho, es así, que cuando el Código de los niños y adolescentes prescribe las causales de suspensión de patria potestad, se determinan y se establecen supuestos de hecho que de configurarse traerán como consecuencia el cese temporal de la patria potestad, por lo que se mantiene la titularidad pero el ejercicio se suspende. La suspensión de la patria potestad por apertura de proceso penal, está referida a los delitos contra la libertad sexual, cometidos por uno de los progenitores, en agravio de los hijos. La norma prescribe que una vez que se ha dictado el auto de apertura de instrucción, el Juez Especializado en lo Penal remitirá copias de los actuados pertinentes al Fiscal de Familia en un plazo no prorrogadle de 24 horas, , a fin de que proceda a solicitar la suspensión de la patria potestad. Ante la aplicación de la Ley 29194, se ha generado controversia con relación a su contenido, en virtud del cual se suspende la patria potestad cuando uno de los padres se le apertura proceso penal. A raíz de esto existe un enfrentamiento entre la aplicación del principio de presunción de inocencia y el principio del interés superior del niño. Por tanto, será fin de esta investigación el estudio de esta realidad problemática jurídica y dar solución al respecto. Si bien, violentar sexualmente a un hijo, para nuestra sociedad es un hecho reprensible y que merece un castigo ejemplar, el Estado en su labor de proteger al niño y al adolescente prioritariamente a través del ordenamiento jurídico ha legislado formas de proteger este derecho pero no coincidimos con salidas legislativas que colisionen con el orden constitucional al establecer una sanción antes de la declaración de culpabilidad del procesado.