Análisis organizacional de la Municipalidad de La Victoria sobre fiscalización ambiental y su incidencia en los derechos constitucionales ambientales

Abstract

El presente trabajo de investigación se desarrolló dentro de los parámetros del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N° 17 de las Naciones Unidas, que fortalece las alianzas para lograr objetivos, aportando criterios esenciales para la fiscalización ambiental y su impacto en los derechos constitucionales ambientales. Con el objetivo general de analizar la organización municipal en relación con la fiscalización ambiental y los derechos constitucionales ambientales, el estudio de tipo básico y enfoque cuantitativo, con la participación de abogados y funcionarios municipales de La Victoria. Los resultados de la investigación revelaron una serie de percepciones y opiniones significativas entre los participantes. Se observó un consenso sobre la importancia de proteger el medio ambiente como un patrimonio común y la necesidad de regulaciones jurídicas sólidas. Sin embargo, se identificaron discrepancias en la percepción de cómo los municipios cumplen con su rol de fiscalización ambiental. La falta de una percepción positiva entre los funcionarios municipales sugiere áreas de mejora en la estructura organizacional y operativa de las municipalidades. Se concluyó que para mejorar la fiscalización ambiental es fundamental fortalecer la capacitación del personal, mejorar la coordinación entre departamentos y aumentar la transparencia en la gestión de recursos ambientales. Además, la percepción compartida de que la falta de fiscalización ambiental podría vulnerar derechos constitucionales destaca la necesidad urgente de políticas públicas que refuercen la implementación efectiva de las normativas ambientales y promuevan una cultura de cumplimiento en todos los niveles administrativos. Estas acciones, alineadas con el ODS 17, son esenciales para asegurar que los municipios desempeñen eficazmente su papel en la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos constitucionales ambientales, contribuyendo así al desarrollo sostenible y la salud pública.