Derecho de protección de la víctima del delito en la Constitución de 1993, distrito judicial de Ancash, Huaraz - 2019
Fecha
2019Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
La investigación cualitativa que se presenta está referida a la Protección de la Víctima del Delito
en la Constitución Política Peruana de 1993, cuyo análisis de la norma constitucional ha sido
realizada mediante una entrevista a los Magistrados (Jueces y Fiscales) y a los abogados de la
ciudad de Huaraz. Este tema tiene una motivación personal; en mi condición de policía fui
víctima del terrorismo, y asalto, por enfrentar y combatir a grupos terroristas, cuyo objetivo era
eliminar policías. Cuidar y resguardar la tranquilidad ciudadana, ser testigo de muchas
injusticias por parte de autoridades judiciales y policiales, la inoperancia de las normas, la
indiferencia del Estado y la sociedad en su conjunto; experiencias violentas vividas al servicio
de mi país, las que han dejado consecuencias post traumáticas.
La victimización trae consigo mucho dolor en las víctimas, quienes se hallan
desprotegidas, desamparadas tanto por el Estado, las normas y/o leyes. Las normas
internacionales en derechos humanos sugieren a Estados que conforman, tomar conciencia de
la importancia y la necesidad de protección en su integridad física, Psicológica y Moral a la
víctima, su familia y entorno social. En Perú se ha establecido el Plan Nacional contra la Trata
de personas, la ley 30364, para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar, éstas están teóricamente bien establecidas, pero en la práctica no
dan resultados.
Los objetivos propuestos, se han cumplido gracias al apoyo de un grupo selecto de
profesionales en derecho Constitucional, brindando su tiempo, conocimientos, experiencias
propias de sus funciones, las que están especificados en los resultados. Cuya conclusión, entre
las normas de la Constitución Política del Perú de 1993, no existe ningún artículo prescrito
literalmente, ya sea de manera directa, o indirecta sobre la Protección de la Víctima del delito.
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