Derecho a la integridad frente a las medidas de protección de violencia familiar en el juzgado de familia - Moyobamba, 2019

Abstract

La violencia ejercida tanto dentro de la familia como hacia la mujer misma, es regulada y sancionada en nuestra legislación por la Ley n°30364, la cual a su vez establece mecanismo para tutelar el derecho a la integridad de las víctimas, estos mecanismos son las denominadas medidas de protección, destinadas a minimizar los efectos de la violencia ejercida en sus distintos formas. En merito a ello, la presente investigación tiene como objetivo principal determinar si se tutela eficazmente el derecho a la integridad de las víctimas al emitirse medidas de protección en los procesos de violencia familiar, para cuyo desarrollo se usó al Juzgado de familia ubicado en la ciudad de Moyobamba. La investigación se caracteriza por haberse planteado bajo el enfoque cualitativo - aplicada, habiéndome agenciado de teorías previas y utilizado en el proceso de recolección de datos, la técnica de análisis documental y entrevista, aplicadas a expedientes y operadores de justicia respectivamente. De lo antes mencionado pudiendo arribar según resultados, que el derecho a la integridad de las víctimas no se tutelada eficazmente por las medidas de protección dictadas por el juzgado de familia, en virtud a que se comprobó que no surten la efectividad contemplada legalmente, pudiéndose observar un efecto positivo en escaso número de casos; esto obedeciendo a deficiencias detectadas en los distintos niveles institucionales, como la insuficiente destinación de recursos humanos, especializados, logísticos, y presupuestales; para la emisión y ejecución de medidas de protección. En suma pudiendo concluir y determinar en la investigación, que no se tuteló eficazmente el derecho a la integridad de las víctimas al emitirse las medidas de protección en el juzgado de familia de Moyobamba, debido a la carga procesal, al deficiente trabajo articulado interinstitucional, insuficiencia de recursos humanos, logísticos y presupuestales que no permiten que las medidas de protección sean ejecutadas de inmediato a fin de proteger a la víctima; respaldando a la hipótesis planteada.