La defensa penal pública en el marco del nuevo Código Procesal Penal

Abstract

El Estado de Derecho supone la vigencia y satisfacción de los derechos de rango constitucional, en esa perspectiva el presente trabajo de investigación se asienta en la vigencia el nuevo código procesal penal en algunos distritos judiciales de nuestro país y aproximándose a su vigencia a nivel nacional, existen instituciones jurídicas de vital importancia para el desarrollo del proceso penal que se encuentran endebles, ello afectaría la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso y el acceso a la justicia. Por ende la entidad que brinda el servicio de la defensa pública es una institución que garantiza el derecho de defensa a las personas que no cuenten con recursos económicos y en los demás casos que la Ley lo regula proporcionando asistencia y asesoría técnico legal gratuita; el derecho a la defensa es un derecho reconocido en el artículo 139º. 14 de la Constitución Política el cual señala el principio de no ser privado del derecho a la defensa en ningún estado del proceso, porque ello vulneraria el debido proceso. Así como también tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorado por este desde que es citada o detenido por cualquier autoridad. Por ende nadie puede cuestionar la naturaleza esencial y fundamental del llamado “derecho de defensa” el mismo que existe para garantizar la protección de la libertad o los intereses de las personas inmersos en un proceso.