Criminalización de conflictos sociales ambientales, territoriales y los derechos humanos en Perú. Caso Comunidad indígena Santa Clara de Uchunya - Ucayali - año 2015

Abstract

Este trabajo se basa en el estudio del tratamiento jurídico y político de derecho a la protesta social en el país, como derecho fundamental enmarcado en la legislación internacional y nacional; así mismo la aplicación de una política de parte del Estado peruano de criminalizar las protestas populares como parte de la vulneración de los derechos Humanos. EL objetivo que se ha trazado en la presente investigación es determinar la existencia de la violación de los derechos Humanos en la criminalización de los conflictos sociales ambientales (recursos forestales) territoriales de la comunidad indígena Santa Clara de Uchunya-distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali-año 2015. Para el cumplimiento de este trabajo de investigación se ha ceñido a las pautas de recopilación de información bibliográfica pertinente, tanto jurisprudencia internacional y nacional, de países como Colombia, Argentina, España, Guatemala, donde se puede esclarecer una práctica errada de utilizar el poder punitivo del Estado para criminalizar la protesta social, a favor de los grandes intereses económicos. De ese mismo orden de ideas, el trabajo lo hemos estructurado en ocho capítulos desde el planteamiento del problema de investigación, su Justificación su relevancia, los objetivos como el determinar la existencia del quebrantamiento de los derechos Humanos en la criminalización de los conflictos sociales ambientales (recursos forestales) territoriales de la comunidad indígena Santa Clara de Uchunya-distrito de nueva Requena, provincia de coronel Portillo, región Ucayali, año 2015. Para finalizar, elaboraremos conclusiones que permitirán tomar referencia de la importancia del respeto de los derechos fundamentales como el derecho de reunión y de asociación, y la necesidad de que la exigencia de la aplicación de una política de Estado y que garantice el irrestricto cumplimiento de acorde a un Estado de derecho en democracia y no la aplicación de una política criminalizadora; ello con el fin de contribuir a la discusión y reflexión del tema y a la búsqueda de mecanismos que hagan frente a estos aparatos antidemocráticos y contrarios al respeto de los derechos humanos.