La valoración de la prueba prohibida y la seguridad jurídica en los procesos penales

Abstract

El presente trabajo de investigación se alineó al objetivo de desarrollo sostenible N.º 16 de la ONU, consistente en “promover sociedades pacificas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. Asimismo, se planteó como objetivo general analizar la manera en que la valoración de la prueba prohibida influye en la seguridad jurídica en los procesos penales, y como objetivos específicos, identificar las excepciones a la prueba prohibida que merecen ser reconocidas en el ordenamiento procesal, e identificar el momento procesal oportuno en que la prueba prohibida debe ser excluida. El tipo de investigación que utilizamos fue el cualitativo, aplicando la guía de entrevistas y efectuando un análisis jurisprudencial. Nuestra población estuvo conformada por abogados especialistas en la materia. Los resultados mostraron que la mayoría de entrevistados consideran que, cuando se investiguen delitos graves, la persecución del delito debe superponerse a los derechos fundamentales. Las principales conclusiones señalan que el uso indebido de las excepciones incide negativamente sobre la seguridad jurídica y que es necesaria una norma que consagre la seguridad pública y el test de ponderación como únicos límites a la prueba prohibida.