Participación ciudadana e incidencia en el ciclo de vida de políticas públicas de género en la sede del Gobierno Regional Ayacucho, 2018

Abstract

La presente investigación tuvo por objetivo de determinar en qué medida, describir y explicar de qué manera la Participación Ciudadana incide en el Ciclo de Vida de las Políticas Públicas de Género en la sede del Gobierno Regional de Ayacucho 2018; siendo un estudio de enfoque mixto; presentando un diseño de investigación descriptivo-explicativo y fenomenológico, con la hipótesis central de que la Participación Ciudadana incide en el Ciclo de Vida de las Políticas Públicas de Género en la sede del Gobierno Regional de Ayacucho 2018. La ruta metodológica utilizada consistió en: exploración de la realidad, planificación, ejecución, evaluación de información y comunicación; asimismo, con una muestra no probabilística por conveniencia, bajo los criterios de exclusión e inclusión para la parte cuantitativa, incorporándose a 31 personas entre trabajadores (20) y funcionarios (11) del GRA con mayores a 10 años de experiencia, y para el componente cualitativo a 2 especialistas en asuntos de género, luego se recogió datos aplicando un cuestionario a 31 actores de la sede del GRA y una guía de entrevista estructurada a las especialistas. Entre los principales resultados y hallazgos, se tiene que: la Participación Ciudadana incide en el Ciclo de Vida de las Políticas Públicas de Género en la Sede del Gobierno Regional de Ayacucho 2018; toda vez que, se encontró una relación lineal estadísticamente significativa entre ambas variables; donde el valor de la correlación es positiva considerable rs = 0,745; a razón de que el p-valor es menor que 0,05. Por tanto, se rechaza la Ho y se acepta la H1 (rs = 0,745; p<0,05); por otra parte, existe vulneración de derechos de las mujeres desde los órganos decisores, la participación ciudadana no es inclusiva, existe ausencia de políticas públicas con enfoque de género, en los espacios participativos persisten desequilibrios y brechas de género; la Ley de Igualdad de Oportunidades es una agenda pendiente, y en el contexto regional el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades está aplazado de implementación y evaluación. El IRMA como órgano consultivo de la mujer, ejerce su rol de demandar el reconocimiento, promoción, protección y exigibilidad los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones, la evaluación de políticas públicas y su ciclo de vida es el proceso menos acreditado sin asignación de presupuesto; la Gestión Pública y la meritocracia es usada para nominar o favorecer interés políticos; los ciudadanos y ciudadanas no son concebidos como sujetos pensantes y operantes, los altos índices de desigualdad existentes entre mujeres y varones insta a liderar objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes a la exigencia de la población, la participación ciudadana de la mujer aparentemente es pasiva, empero sus luchas esporádicas, son incisivas en el ámbito regional; los acuerdos de gobernabilidad son estrategias de demandas peticionadas, y la incidencia política en materia de género es el mecanismo mediante el cual la sociedad civil demanda, agenda y prioriza las problemáticas de género para lograr el objetivo propuesto. Género es la categoría que se construye en la sociedad, en base a sus roles y funciones segmenta a la población de varones y mujeres, el cual es insipiente en cuanto a avance, requiere del involucramiento de sus componentes sociales, así mismo la equidad que es la acción afirmativa de justicia en materia de género, tampoco es asumida para combatir las brechas sociales que afectan a la población en su conjunto, así como las brechas de género que van creciendo de manera alarmante. También se evidencia que existe una filosofía desarrollada sobre la participación ciudadana de mujeres y su incidencia en el ciclo de vida de políticas públicas de género definida como la conquista de derechos civiles y políticos de las mujeres aunque esta esté en constante cambio, centran sus movimientos en realidades vividas y son conscientes que no son absolutas sino relativas, asumen a las normas como herramientas de gestión con fines de institucionalizar sus demandas, su pensamiento se basa en ideales para tener sociedades justas para todos y todas. Este fenómeno social es relacionado a la desigualdad en el cual ninguna mujer debiera verse en la obligación de renunciar a sus derechos como ser humano y poderse realizar, filosofía que no es aceptada en la gestión pública; sin embargo, son exigibles para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible al año 2030.