Hacia un sistema de protección al usuario financiero. Nuevos desafíos y perspectivas del derecho del consumo a partir de la teoría de la prevención

Abstract

La presente investigación tiene como finalidad reconocer los factores que influyen en la vulneración jurídica, vulneración fáctica y vulneración técnica que generan la desprotección de los derechos de los consumidores en materia financiera. Con en el desarrollo de la investigación se puede apreciar los avances doctrinales y legislativos que se han desarrollando en los últimos años a nivel nacional e internacional. Asimismo, advertimos como el Estado viene participando a través del INDECOPI en la protección y defensa del consumidor por medio de los procedimientos administrativos sumarísimos y ordinarios que desarrolla y son planteados como mecanismos ex post de la operación de consumo, mientras que por el contrario la SBS aportaría en este sistema de protección al encargase de la aprobación de las clausulas generales de contratación, labor ex ante de la operación de consumo. Sin embargo, de una rápida revisión del estado de la situación podernos advertir que la SBS no cumple una eficientemente labor de control y verificación de las cláusulas generales de contratación que suelen aplicarse en los contratos de consumo financieros, siendo que, esto se pueda ver reflejado en el importante porcentaje del número anual de denuncias en este sector del mercado que se presentan ante el INDECOPI, lo cual, nos permite considerar que los consumidores presentan una alta vulnerabilidad respecto a la afectación de sus derechos como consumidores.. En estos tiempos actuales los contratos de consumo financiero son contratos de adhesión en los cuales se somete al consumidor a aceptar o rechazar la oferta; siendo que dentro de su contenido se establecen un numero de cláusulas que pueden afectar los derechos de los consumidores y que puedan consideras como clausulas vejatorias al sacar indebidamente una ventaja sobre el consumidor. Este desequilibrio contractual entre los sujetos de la relación de consumo es lo que justifica la intervención del Estado a fin de evitar la arbitrariedad. Finalmente señalamos los derechos del consumidor financiero requieren de una tutela efectiva de sus derechos la cual se debe ser basada en una política nacional que apoye los mecanismo de prevención y no solo de resultado, consolidando así la autonomía del Derecho del Consumidor. Todo ello nos permite arribar a la conclusión de que es necesario un sistema de protección al consumidor financiero capas de aprobar, verificar, controlar y certificar los contratos de las entidades financieras que ofrecen a los usuarios antes de su salida al mercado, en la búsqueda de una contratación digna que respete la integridad y bienestar del consumidor.