La prisión preventiva judicial y el derecho a la presunción de inocencia en el módulo básico de justicia Los Olivos, 2018

Abstract

El presente trabajo de investigación “la prisión preventiva judicial y el derecho a la presunción de inocencia en el módulo básico de justicia, Los Olivos, 2018” cuyo objetivo principal es determinar si la prisión preventiva judicial vulnera el derecho a la presunción de inocencia del investigado en el módulo básico de justicia del distrito de Los Olivos, desde esta perspectiva se establecieron variables relacionadas a la prisión preventiva judicial y al derecho de la presunción de inocencia de los investigados realizando dicho trabajo de investigación con una población de trece operadores de justicia especialistas en el derecho penal, entre ellos un Juez, dos secretarios, un técnico, dos asistentes, un defensor público, tres fiscales y tres abogados litigantes que a través de una entrevista para cada uno de ellos en el cual se encuentran las variables antes mencionadas para evaluar de qué manera se vulnera el derecho a la presunción de inocencia, a través de un diseño de estudio no experimental, descriptivo. De acuerdo a ello se ha obtenido como resultado que los estudiosos del derecho penal mencionan teóricamente que el uso de las medidas cautelares de índole personal si vulnera el derecho a la presunción de inocencia como al derecho de la libertad personal y la defensa. Con lo que concluyo que la aplicación de las medidas de coerción personal (prisión preventiva) está siendo utilizada de manera facultativa por los administradores de justicia basándose solo a la teoría subjetiva con la sola presencia de los presupuestos procesales que menciona la ley (Código Procesal penal), es por ello que en la actualidad existen muchos investigados afrontando procesos desde una prisión sin tener una sentencia condenatoria declarada consentida y firme. Por ello, al finalizar este trabajo de investigación me permitió recomendar que se debería replantear los presupuestos procesales con teorías más objetivas y no solo la “alta probabilidad” de la comisión de los hechos delictivos tal como menciona nuestra legislación.