Prisión preventiva y derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable en aplicación del Código Procesal Penal, Lima 2017
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2017Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
Que si bien las medidas coercitivas personales establecidas en el Código
Procesal Penal, tienen como finalidad asegurar el proceso, sin embargo su
aplicación debe ser estrictamente necesaria para el cumplimiento de esa finalidad,
y en lo que se refiere a la prisión preventiva, ésta por ser una de las medidas más
gravosas que ha regulado nuestro ordenamiento jurídico debe ser utilizada como
última opción, puesto que se tiene de por medio la privación de la libertad
ambulatoria de una persona que aún le asiste la presunción de inocencia, por
consiguiente el tiempo que permanezca en un establecimiento penitencia debe
ser el estrictamente necesario, dicho de otra forma en un plazo razonable.
La aplicación de la prisión preventiva en nuestro país no ha sido utilizada de
la mejor manera, puesto que los fiscales lo han venido utilizando como regla
general que ha conllevado al incremento de presos preventivos, del mismo modo
se han efectuado modificaciones a nuestro Código Procesal Penal para
incrementar los plazos de la prisión preventiva para los casos de organizaciones
criminales así como la creación de la figura de la adecuación de la prolongación
de la prisión preventiva, todos estos cambios han sido catalogados por la CIDH
como contrarios a los estándares internacionales.
La cultura carcelaria de los fiscales y jueces ha conllevado a seguir
solicitando y concedido respectivamente los plazos máximos de la prisión
preventiva, limitándose al cumplimiento de los requisitos materiales de la prisión
preventiva y descuidando la valoración y motivación del plazo razonable de la
medida, conllevando a la aplicación de forma automática los plazos máximos,
violentado el derecho subjetivo del plazo razonable y por consiguiente el derecho
al debido proceso y el acceso a la justicia; del mismo modo los fiscales se han
mantenido indiferentes ante la variación de las circunstancias que motivaron la
medida al no solicitar la variación de la prisión preventiva.
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